La medida forma parte de las nuevas reglas se aplicarán a todas las compañías en Internet que ofrezcan sus servicios en la Unión Europea.
El pleno del Parlamento Europeo ha dado este jueves luz verde a la nueva norma que obligará a plataformas digitales como Facebook o YouTube a retirar de sus sitios contenidos terroristas en un plazo máximo de una hora para evitar que se sigan difundiendo a través de la red.
Con la adopción por la Eurocámara del acuerdo alcanzado entre instituciones el pasado mes se da el último paso para que la nueva norma pueda aplicarse, cuando entre en vigor dos meses después de su próxima publicación en el Diario Oficial de la UE.
Las nuevas reglas se aplicarán a todas las compañías en Internet que ofrezcan sus servicios en la Unión Europea, independientemente del lugar en que se ubique la sede legal de la plataforma o de cuál sea su tamaño, y prevén una definición detallada de lo que se debe entenderse por «contenido terrorista».
Con ellas, las autoridades de un Estado miembro podrán ordenar a las plataformas la eliminación de contenidos usados como propaganda o que actúen para que quede deshabilitado su acceso desde cualquiera de los países de la Unión Europea.
Los proveedores online tendrán un plazo máximo de una hora para cumplir esta orden y quedará en manos de los Estados miembro establecer el marco de sanciones en casos de incumplimiento, aunque serán responsables de asegurarse que las plataformas siguen las indicaciones, por lo que serán responsables de su cumplimiento.
Además, las plataformas deberán tomar medidas específicas para impedir el mal uso de sus servicios y proteger sus redes de ser utilizadas como canales para difundir contenidos ilícitos, si bien le corresponderá a estas compañías decidir qué medidas son las que pone en marcha para cumplir esta obligación.
Asimismo, la regla prevé salvaguardas para evitar abusos, incluido un mecanismo de reclamación para que los contenidos que hayan sido bloqueados o retirados por error puedan ser reinstalados tan pronto como sea posible.
Finalmente, el material educativo, de investigación, artístico o periodístico estarán protegido y las compañías no tendrán que filtrar todo el contenido que suben a la red ni deberán utilizar herramientas automáticas de control, aunque sí actuar y tomar medidas específicas si las autoridades detectan contenidos peligrosos para evitar su mayor difusión.